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El Gobierno mexicano ha actuado con apego total a la ley en el caso de la francesa Florence Cassez, quien cumple una condena a 60 años por secuestro y para quien un juez de la Suprema Corte pidió la liberación inmediata, dijo hoy el ministro de Gobernación, Alejandro Poiré.
Durante una visita al sureño estado de Oaxaca, Poiré dijo a periodistas que el Ejecutivo “no se pronunciará oficialmente en este momento” sobre la iniciativa del magistrado Arturo Zaldívar de otorgar la “inmediata y absoluta libertad” a Cassez.
Sin embargo, el ministro expresó su convicción de que el Gobierno “ha actuado en todo momento con estricto apego a la ley” en este caso.
Añadió que el Ejecutivo nacional será respetuoso, “como siempre lo ha sido, de las decisiones del Poder Judicial y de su máximo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En su propuesta, divulgada este miércoles, Zaldívar señala que “los agentes de policía que detuvieron a Cassez no contactaron de inmediato al consulado francés”, con lo que se violó el derecho de la prisionera a recibir asistencia consular.
La francesa fue arrestada el 8 de diciembre de 2005 en el estado de Morelos junto a su novio, Israel Vallarta, presunto jefe de la banda de secuestradores Los Zodíaco, y llevada a un rancho “a fin de que participara en un montaje preparado por las autoridades”, añade el magistrado.
El montaje televisivo, realizado al día siguiente, simuló una operación en vivo en la cual la policía mexicana arrestaba a Cassez y a su novio en un rancho propiedad del último.
“Al quedar acreditado que la quejosa (Cassez) no fue puesta a disposición inmediata del Ministerio Público, el proyecto (de Zaldívar) declara la violación al derecho fundamental de los detenidos a ser puestos a disposición inmediata del Ministerio Público”, indicó la Suprema Corte en un comunicado.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), expresó anoche “lógica preocupación” por la propuesta de Zaldívar.
La dependencia indicó que Cassez fue encontrada culpable por el juez de primera instancia y el tribunal de apelación de tres secuestros, incluido el de una mujer y un menor de edad, así como de posesión y porte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.
La PGR cuestionó “el alcance que pretende dar el ponente (Zaldívar) a los supuestos vicios encontrados en el proceso y por la posible descalificación del valor de las declaraciones de las personas secuestradas”.
Añadió que “con base en los abundantes elementos disponibles, y principalmente atendiendo a la defensa de los derechos de las víctimas, se espera que se modifique el sentido y alcance (de la iniciativa de Zaldívar), dejando incólume la responsabilidad penal de Cassez por los delitos por los que fue condenada”.
La batalla legal en torno a Cassez está en manos de la Suprema Corte después de que hace un año la defensa de la francesa presentara un “amparo directo” contra la condena.
Fuentes de la Corte consultadas por Efe dijeron que no hay un plazo definitivo para resolver el caso, que podría comenzar a ser abordado “la próxima semana o en quince días”.
EFE
