Leticia Arana
A fin de evitar discriminación sistemática laboral, para ex presidiarios que buscan empleo formal, dejará de ser obligatorio presentar carta de no antecedentes penales, sostiene, Priscila Franco Barba, diputada promotora de tal iniciativa, luego de aprobarse reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal, Código Penal ,e Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, al aclarar que hay excepciones, por motivos consulares o de seguridad:
“…Esto beneficiará al grueso de la población, porque se ahorrará el gasto que constantemente hace en la búsqueda de trabajo. En el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tendrá la facultad de emitir la constancia de antecedentes penales, en los casos que la Ley Nacional de Ejecución Penal señala desde 1916, o que alguna embajada o consulado la soliciten…”
Así mismo, indica que tal documento puede solicitarlo alguna autoridad administrativa o judicial para aclarar determinado procedimiento, o bien, si la pretensión es formar parte de algún cuerpo de seguridad pública o privada, donde por obvias razones, resulta indispensable comprobar la inexistencia de motivos o acciones que resten garantía de desempeño. Esta iniciativa, reitera, además de permitir una verdadera reinserción social, privilegia el respeto de los Derechos Humanos, principalmente de aquellos que estuvieron en algún centro penitenciario.
Cabe destacar que tramitar una carta de no antecedentes penales, en el IJCF, cuesta 70 pesos, más otros 27, si se exige certificación de la misma.