Leticia Arana
Toda vez que el grueso de la clase trabajadora percibe seis mil pesos en promedio mensualmente, resulta insultante que en pago de transporte público, una familia de cuatro miembros, deba invertir casi la mitad de este salario, afirma , Héctor Luis del Toro Chávez, director de División de Economía de la UdeG, al enfatizar que la tarifa social, o aquella que puede solventar, no deberá exceder siete pesos, pues los 9.50 autorizados, complica la vida, pues está fuera de toda lógica:
“…Ahora si una persona gana tres mil 080 , y nada más ganan uno, el costo del camión, dijimos de cuatro personas al mes, son tres mil 136,le hacen falta 55 pesos para cubrir el camión; si gana ese mismo salario, pero a un costo de 9.50 , son cuatro mil 256 , le faltan mil 175 para poder en un momento dado satisfacer ese servicio , entonces, creo que urge una verdadera tarifa social, si efectivamente se propusiera esta, ésta debería de siete pesos….”
Argumenta que tal monto, apenas estaría en el mínimo estándar de cumplimiento, ya que con tal alza de casi 36 por ciento, el impacto económico, evidentemente resulta lamentable, considerando que se deben sortear también incrementos de gas, electricidad, diferentes bienes y servicios, incluidos en la canasta básica, que por ahora cuesta alrededor de diez mil pesos, cifra que difícilmente obtiene una persona con planta laboral continua, tomando en cuenta que el salario base actual diario, es de 102 pesos.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina Varela, sostiene que la autoridad estatal, concretamente Secretaría de Transporte, todavía no entrega la herramienta metodológica solicitada por el Observatorio de Movilidad, para iniciar evaluaciones a unidades que transitan como ruta empresa y cobran los 9.50; escrutinio que además de verificar cumplimiento a la calidad, revisa el cobro de dicho pasaje, habilitación incluyente, eficiencia, frecuencia de traslados y trato digno, entre otros.