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Las desapariciones forzadas en México no son obra sólo de los grupos criminales organizados, sino que también hay participación del Estado mexicano, denunció hoy el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
Este grupo investigador presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra un informe que es el fruto de su visita a ese país en la segunda mitad del mes de marzo del año pasado.
La principal novedad es la constatación y la denuncia de la participación de órganos del Estado y de funcionarios en secuestros y desapariciones forzosas de ciudadanos mexicanos.
El Grupo de Trabajo señala que “un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado”, pero añade que “no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente”.
“Por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país”, declara este grupo, que asegura tener “información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”.
El grupo esta formado por el sudafricano Jeremy Sarkin, el francés Olivier de Frouville, el libanés Osman El Hajjé, la bosnia Jasminka Dzumhur, y el argentino Ariel Dulitzky, todos ellos expertos en materia jurídica y de protección de derechos humanos.
Su informe destaca asimismo “la impunidad que prevalece” en muchos casos de desaparición forzada en México, que en vez de ser tratados como tal “son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos”.
“Los casos de desapariciones forzadas son eufemística y popularmente denominados ‘levantones'”, se agrega en el informe, que cita casos en los que la privación ilegal o arbitraria de libertad era clasificada como secuestro o abuso de autoridad”.
En otras ocasiones, a las personas desaparecidas se les considera “como extraviadas o perdidas (sobre todo en grupos como mujeres, menores y migrantes) sin una adecuada investigación para descartar la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada”.
El Grupo de Trabajo destaca también que el número de denuncias sobre desapariciones forzadas ha pasado de 4 en 2006 a 77 en 2010 y que el Programa de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México registró la presunta desaparición de 346 personas durante el año 2010.
Por su parte, organizaciones civiles informaron de que, de acuerdo con sus estimaciones, más de 3.000 personas “habrían sido desaparecidas en el país desde el 2006”, dice el informe.
“De acuerdo con la información recibida, algunas de éstas podrían calificarse como desapariciones forzadas debido a la participación directa o indirecta de agentes estatales”, subrayan estos expertos.
El Grupo de Trabajo reconoce que “México enfrenta una complicada situación en materia de seguridad pública debido al incremento de la violencia relacionada, principalmente, con el crimen organizado”.
“La violencia continúa a pesar de las detenciones y asesinatos de presuntos importantes integrantes de grupos delictivos, así como el decomiso de significativas cantidades de drogas y armas”, dice.
“Las organizaciones del crimen organizado han extendido sus actividades ilícitas a la trata de personas, los secuestros y la extorsión”, indican los expertos, que, en este sentido, reconocen “los esfuerzos del Gobierno para abordar esta compleja situación”.
EFE
