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Leticia Arana
Aunque pleno de legislatura pasada, aprobó iniciar proceso de suspensión a varios ayuntamientos por incumplimiento en pago de Laudos, tras fallo judicial a favor de afectados, o dictamen del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, no se ha ejecutado, en el caso de Puerto Vallarta, por lo que se retoma ordenamiento, para que el Alcalde junto con su cabildo, atienda a la brevedad o presente alegatos de defensa, sostiene Elizabeth Alcaraz, Presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso :
“…Nosotros hemos elaborado el acuerdo legislativo que hoy aprobamos para iniciar el procedimiento de suspensión acatando las instrucciones que tenemos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de cuatro Ayuntamientos y estos acuerdos legislativos, se turnan a Pleno, el pleno nos autoriza y una vez autorizados, entonces estamos en posibilidades de iniciar y hacer la notificación correspondiente a los demandados e iniciar el procedimiento. Esos Ayuntamientos son El Salto, Puerto Vallarta, Unión de San Antonio y Zapopan…”
Admite que el relevo de legislatura 61 a 62, detuvo el curso sobre estos procedimientos de suspensión avalados en octubre pasado, de ahí que retomaron los casos, y determinaron notificar a autoridades aludidas, que generalmente agilizan acuerdos con las partes afectadas:
“…Nosotros, notificamos que inicia el procedimiento, el siguiente paso es que vamos a dar un periodo para el que el Ayuntamiento traiga sus pruebas y alegatos , en ese proceso pues puede llegar a un acuerdo con la parte que lo está demandando…”
Precisa que a partir de la citada notificación, dan 20 días para realizar audiencia, a fin de emitir acuerdo legislativo definitivo, mismo que pasa a aprobación del Pleno, cuya votación, en dos terceras partes, determinará suspender a dichos Ayuntamientos y sus regidores.
Cabe señalar que la semana pasada, el cabildo vallartense, autorizó al presidente, Arturo Dávalos Peña, tramitar ante el Legislativo, Gobierno Estatal y Congreso Federal , recursos adicionales al presupuesto anual local, para pagar laudos laborales por 75 millones de pesos, heredados de gestiones anteriores, a fin de no arriesgar la disciplina financiera y evitar alteración, en prestación de servicios públicos.
