Jalisco Interpondrá Controversia Constitucional, para Invalidar Decreto Nayarita, sobre Posesión Territorial: RLL

Leticia Arana

Toda vez que el decreto de reforma al artículo 16 de la Ley de División Territorial, promovido por el Congreso de Nayarit, a fin de adjudicarse 25 mil hectáreas en San Andrés Cohamiata, zona Wixárika del Norte de Jalisco, resulta ventajoso, se interpondrá Controversial Constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permita invalidar tal pretensión, afirma el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara:

“…Con que objeto, para que se salvaguarde los usos y costumbres de los habitantes de San Andrés Cohamiata, y que no se vaya a afectar su cultura , ni sus usos ni costumbres y aparte esos territorios son del Estado de Jalisco, entonces yo si quiero dejarlo muy claro, hay una buena comunicación con el gobierno de Nayarit, pero también somos tajantes, mientras no bajen este decreto de reforma al artículo 16 como se comprometieron ,nosotros presentaremos la controversia constitucional, para que se derogue y deje sin efecto este artículo…”

López Lara, precisa que el caso fue planteado en la mesa de trabajo integrada por el subsecretario de Gobernación, su homólogo de SEDATU, la Comisión para el Diálogo de la Pueblos Indígenas, representante de la Secretaría de Hacienda y Procuraduría Agraria, respectivamente, con el propósito de mediar o frenar la extensión de un conflicto entre comuneros de ambas entidades, tal y como recientemente lo demandaron ante el Congreso de Jalisco, miembros de San Andrés Cohamiata.

Por otra parte, menciona que también fue determinado, mediante cuatro sentencias, fallo a favor de habitantes de San Andrés Teponahuaztlán, en Tuxpan de Bolaños, Jalisco, para declarar como legal, la pertenencia de mil 500 hectáreas, que ganaderos nayaritas de Huajimic, tienen invadidas y reclaman como suyas, desde hace varios años.

Frente a esta situación, exhorta evitar “raja” política, y actuar con mesura durante el actual proceso electoral, para lo cual se cuidará no alterar o vulnerar el Estado de Derecho, y que los participantes, cuenten con todas las garantías de seguridad.