Leticia Arana
Tras desmentir categóricamente que Jalisco, se encuentre entre cinco de las entidades del país, señaladas por utilizar software dirigido a actividades de espionaje contra instituciones diversas, defensores de derechos humanos, personajes políticos y periodistas, como expuso recientemente el periódico norteamericano, The New York Times, el fiscal estatal, Eduardo Almaguer Ramírez, admite que en efecto fue adquirida una herramienta específica, usada solo y exclusivamente, para agilizar investigaciones sobre extorsiones, desapariciones y secuestros:
“…En Jalisco, con lo que se cuenta, son equipos que permiten revisar o tener información siempre de manera física o directa y por supuesto siempre a través de un mandamiento judicial y quisiera ser muy preciso en esto porque de lo contrario, no tendría ningún tipo validez las investigaciones que se realizan particularmente en el tema de secuestros…”
Añade, que gracias al uso de tal instrumento, útil en averiguaciones y combate al crimen, se ha podido desmantelar o desintegrar a más de 60 bandas de secuestradores en el Estado, así como facilitar la detención arriba de cien personas, en los últimos tres años, más nunca y de ninguna manera, para invadir la vida personal, por otras razones:
“ …Estamos dando esta respuesta simplemente para precisar de qué manera estamos trabajando aquí en Jalisco , pero obviamente estamos hablando de que no hay ningún tipo de denuncia ni formal , ni informal de que alguien haya sido invadida su vida privada o pública…”
Cabe señalar que ayer martes, muy a propósito del tema, el diputado de MC del Congreso estatal, Alejandro Hermosillo González, presentó una solicitud al gobernador, Aristóteles Sandoval, en la que exige explicación contundente sobre el uso del referido software de espionaje comprado a la empresa Hacking Team, que argumenta, está diseñada para intervenir y captar conversaciones telefónicas y uso de redes sociales, como documentó desde diciembre pasado, una organización denominada R3D. Según trascendió, la administración estatal, invirtió en tal instrumento, alrededor de 260 millones de pesos.