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Dos días después de la matanza de 44 reos en un penal del norte de México, el secretario de Interior, Alejandro Poiré, anunció hoy que el Gobierno mexicano construirá este año ocho nuevos centros penitenciarios que acogerán a 47.000 reos de alta peligrosidad.
El coste total del proyecto será de 32.822 millones de pesos (unos 2.572 millones de dólares) e incluirá también la edificación de seis centros de readaptación social para los presos.
Su principal objetivo es reordenar a los reos que tienen delitos federales, es decir, de narcotráfico y delincuencia organizada, ya que muchos de ellos se encuentran en cárceles locales.
El pasado fin de semana 44 reos, presuntos miembros del cartel del Golfo, fueron asesinados en el penal de Apodaca (en el norteño estado de Nuevo León) por presuntos miembros del cartel de Los Zetas que utilizaron el tumulto creado en la prisión para fugarse.
Lo consiguieron 30, algunos importantes líderes del cartel en ese estado, y horas después se descubrió que algunas autoridades del penal estaban vinculadas con la fuga y la matanza.
Además, este martes tres reclusos de la cárcel de Topochico, también en Nuevo León, fueron asesinados por otros reos apenas unas horas después de haber ingresado al penal, lo que eleva a 47 los muertos en cárceles de ese estado en tres días.
En la conferencia de hoy el secretario Poiré condenó “enérgicamente” estos hechos, aunque aclaró que ninguno se ha dado en cárceles administradas por el Gobierno federal.
“Lo que quiero subrayar es, precisamente, que si tenemos un problema de cierto número de reos federales en un penal, nosotros estamos ayudando (…) para asegurar que en esos penales esos reos puedan estar en cárceles de mayor seguridad”, indicó el funcionario.
Para Poiré estos incidentes son producto de la violencia con la que “los criminales intentan tomar control de las cárceles, en donde por décadas no se han hecho las inversiones suficientes”, apuntó.
En la cárcel de Apodaca el 60 % de los reos están presos por delitos federales, mientras que los demás lo están por delitos comunes.
De acuerdo con el funcionario, en la presente administración, iniciada en diciembre de 2006, sólo el 1,5 % de los 210.000 reos que estaban en todo el sistema penitenciario del país se encontraba en cárceles federales.
Actualmente, añadió, la cifra es de 18.283, lo que supone el 8 % de los más de 230.000 reos encarcelados en las prisiones mexicanas.
“A las autoridades locales les toca, desde luego, hacer justicia, depurar los centros penitenciarios estatales, garantizar que no se presenten esquemas de corrupción a fin de prevenir incidentes”, consideró.
En los últimos cinco años han muerto unos 250 reclusos en motines, peleas e incendios graves dentro de las cárceles de México.
