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Carolina Gómez Aguiñaga
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38 de los 52 primeros policías municipales despedidos en octubre del 2014 ganaron el juicio laboral y ahora el Ayuntamiento de Puerto Vallarta tendrá que pagarles 22 millones 261 mil pesos, además que se le ordena el reinstalar en sus puestos a todos ellos.
Hace dos años, la Fiscalía de Jalisco y la Comisaría vallartense señalaron que estos elementos reprobaron el examen de control y confianza, lo cual el ayuntamiento no logró acreditar ante el tribunal, por lo que además exigen uan disculpa pública del ex Fiscal Luis Carlos Nájera, el ex director de Seguridad Pública Rogelio Hernández de la Mata y del ex alcalde Ramón Guerrero, de lo contrario entablarían otra demanda por daño moral.
Maximiliano Lomelí Cisneros, abogado de los agentes policiacos, indicó que la sentencia es definitiva y que por un año el municipio ha ido alargando el cumplimiento del pago del laudo, perjudicando a los contribuyentes, pues es un año más de salarios caídos que se tendrán que liquidar.
El defensor recalcó que el juicio laboral se ganó debido a que el ayuntamiento no presentó los resultados de los exámenes de control y confianza que supuestamente no pasaron y que tampoco entregó al tribunal los expedientes de los policías. El despedido fue en base a una simple lista en la administración de Guerrero Martínez, “se violentaron los derechos de ellos, ellos no son objetos, no se pueden despedir porque les caigan mal o ya no los querían ahí”.
Puntualizó que de retrasarse más de dos meses el pago a partir de esta fecha, pedirán al juez el actualizar la tabla de salarios respecto a los nuevos aumentos que hizo el municipio.
La sentencia fue dictada por el juzgado octavo d distrito en materia administrativa del Estado de Jalisco, instancia que esta semana deberá notificar al Ayuntamiento. Los elementos solicitarán una reunión con el presidente municipal Arturo Dávalos para iniciar con las negociaciones, aunque la reinstalación de sus trabajos debe ejecutarse inmediatamente.
Fueron 52 los policías dados de baja el 30 de octubre del 2014, 46 de ellos interpusieron la demanda, pero con el paso del tiempo varios desistieron y al final serán 38 los que recibirán en total 22 millones 261 mil 910 pesos. Aunque varían las cantidades por el cargo, salario y antigüedad, cada uno recibiría más de medio millón de pesos en promedio.
Todos ellos solo aplicaron para el examen de control y confianza una vez y no tuvieron segunda oportunidad como lo marca la ley. Y a pesar que el abogado, comentó que sí existe controversia con la Ley de Seguridad Nacional que establece que se les debe dar de baja si reprueban el examen, fue el municipio el que nunca presentó ante el tribunal los documentos que acreditaran esta situación.
