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Leticia Arana
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Guadaljara, Jalisco
Considerando la gravedad que implica el tráfico de influencias promovido por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, tras la llamada realizada al comisario tapatío para interceder por dos detenidos que portaban armas y estar acusados de robo y asalto, urge una investigación clara, que de ser contundente, ameritaría que el aludido, sea sometido a juicio político, determinación que avalarían todos los diputados, sentencia, a nombre de los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el legislador del Verde Ecologista, Omar Hernández Hernández:
“… Manifestamos que de presentarse solicitud de juicio político, derivado de dicho señalamientos, este poder legislativo a través de sus comisiones y órganos técnicos competentes, actuará con objetividad, responsabilidad y con compromiso de resolver apegados a derecho y actuando en consecuencia, buscando el respeto y buen funcionamiento de los poderes e instituciones del Estado …”
Por cierto en este tenor, el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, luego de condenar el que determinado delincuente cuente con acceso telefónico directo hacia el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, para dictarle línea, hace ver el grado de descomposición en una institución encargada de aplicar la justicia, por lo que es impostergable que su titular, además de ser destituido, enfrente el sugerido juicio político:
“…Esta acción de Vega Pámanes, pues evidentemente pone en riesgo la institucionalidad porque actúa siempre como presidente del Poder Judicial, pone en riesgo la impartición de justicia y motiva a que Movimiento Ciudadano exija la destitución de Luis Carlos Vega Pámanes, como presidente del Supremo Tribunal, lo hacemos desde un llamado como fracción dentro del Congreso del Estado …”
Cabe señalar que el fiscal estatal, Eduardo Almaguer, cuestionado en entrevista radiofónica, sobre la posibilidad de que Vega Pámanes, tenga que ser desaforado, subraya que su dependencia lo solicitaría, siempre que quede ampliamente confirmada, previa presentación de pruebas y testimoniales, la errónea intervención de este magistrado, en la liberación de los detenidos antes señalados.
Recientemente el Congreso Estatal, aprobó el desafuero en Jalisco, que aplicaría para mil 500 funcionarios públicos; sin embargo en el caso de magistrados e integrantes de la Judicatura, quedarían exentos de esta figura, tal y como lo dicta la legislación federal.
