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Leticia Arana
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Las propuestas para crear una normativa relacionada a atender el fenómeno de la migración, presentadas por algunos diputados como el Independiente, Pedro Kumamoto y su similar del PRI-Verde, Juana Ceballos, quedaron conjuntadas en una sola, que ahora se denomina, Ley de Protección y Atención de los Migrantes en el Estado de Jalisco, la cual fue aprobada en Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, confirma en exclusiva para este medio, su presidenta, la también legisladora tricolor, Rocío Corona Nakamura, quien destaca que la misma además de garantizar el respeto a los derechos humanos, prevé ayuda humanitaria integral:
“..La ley del migrante tiene por objeto, reconocer, promover y respetar los derechos del migrante, sin discriminación o distinción alguna, en donde ya se establece puntualmente derechos y obligaciones que se deberán de tener, fundamental al respeto irrestricto de sus derechos humanos, a un trato digno , oportuno y con calidad humana , al libre tránsito; además que se establezca dentro del plan estatal de desarrollo, políticas públicas para los migrantes de origen, en retorno y en tránsito, esto va implicar hacer ajustes presupuestales, e inclusive gestionar que se pueda dar cumplimiento a esta ley …”
Detalla que de acuerdo a estimaciones, el número anual de migrantes en tránsito por la entidad, asciende a ocho mil, los cuales se distribuyen en el corredor occidente incluida la zona metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños.
Ante esto, se busca la vinculación institucional a fin de que cuenten con comida, agua, ropa, atención médica y psicológica, espacio para asearse, realizar llamadas gratuitas a familiares, comunidades de origen y destino, así como ser acompañados jurídicamente. Por otro lado, también esta Ley, brindará apoyo a jaliscienses que retornan de Estados Unidos, mediante esquemas para su reinserción en la vida local, así como fortalecer vínculos de quienes permanecen en el extranjero.
En otro tema, Corona Nakamura, confirma que fue votado a favor, el proyecto de dictamen para reformar disposiciones de la Ley de Hacienda Estatal, Municipal y del Notariado, en específico, con el propósito de hacer obligatorio que los notarios públicos e instituciones fiduciarias , cobren y enteren un impuesto, por los actos o contratos en que intervengan:
“…Es una aclaración de forma, donde puntualmente se establece el impuesto que tienen que pagar por negocios jurídicos, es decir todo aquel acto jurídico que celebren ante notario, llámese hipoteca, compraventa, certificación de hechos, que es un impuesto que por ley debe de entregarse, no estaba muy aclarado y hoy ya incluimos, el término negocios jurídicos, pago de impuesto por negocio jurídico que deben reportar a la hacienda pública…” Refiere, que todo notario que incumpla, omita, o no reporte esto, se hará acreedor a una sanción, la cual todavía no está especificada en esta etapa del dictamen.
Cabe aclarar que la referida disposición local, tendrá que adecuarse a la Federal, que ya contempla este cobro.
