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Carolina Gómez Aguiñaga
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Puerto Vallarta, Jalisco
Como homicidio calificado se perseguirá el delito cometido contra un vecino del poblado de Mismaloya y que presuntamente fuera cometido por un militar el pasado 30 de marzo, por lo que el juez de control Jaime Benjamín de la Torre de la Torre resolvió dictar auto de vinculación a proceso en su contra debido a que la Fiscalía Regional presentó los datos de prueba suficientes para determinar que el imputado estuvo involucrado con probabilidad.
Al ser tipificado como homicidio calificado, la pena a imponer oscilaría entre los 20 a 40 años de prisión. No obstante, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, si el inculpado se declara culpable y acepta un procedimiento abreviado, su sentencia podría ser de 16 años con 8 meses.
El padre del occiso de nombre Doroteo, cuyo hijo tenía en vida las iniciales J.E.C.S., declaró ante el MP que su primogénito tenía 22 años de edad y trabajaba como mesero en un restaurante de la playa de Mismaloya. Deja una hija de 2 años. Por otro lado, el imputado, cuyas iniciales son R.L.H.G. es militar en activo, por lo que el Juez de Control ordenó girar oficio a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el proceso.
Los hechos ocurrieron poco después de las 10 de la noche en el poblado de Mismaloya el pasado 30 de marzo, donde los policías municipales tuvieron a la vista un cuerpo sin vida con impactos de bala en su espalda. En el lugar, los peritos también levantaron como pruebas dos cigarrillos de marihuana y cascajos de arma de fuego calibre 38 súper, mismos que estaban a unos metros del cuerpo de J.E.C.S.
En la necropsia, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses indicó como causa de muerte la alteración de órganos vitales como el corazón y el pulmón, pues fueron perforados por las balas.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, está la declaración de un amigo del imputado y de la víctima, iniciales A.S.J, quien aseguró que fue testigo del asesinato del joven de Mismaloya, pues andaba de juerga con ellos.
A.S.J. relató al Ministerio Público que ese día fue a comer con el imputado cuando llegó el hoy occiso, pues los tres son amigos desde hace años. Estaban tomando bebidas embriagantes cuando R.L.H.G. platica que él y J.E.C.S. iban a iniciar un negocio, pues compraría y la víctima los criaría. Siguieron ingiriendo bebidas alcohólicas y alrededor de las 8 de la noche, J.E.C.S. les dijo “valen verga”, por lo que el imputado le digo al testigo “me lo voy a chingar”, refiriéndose al occiso.
Pasaron dos horas en las que continuaron tomando. Posteriormente se dirigían a otro bar por las calles de Mismaloya minutos después de las 10 de la noche. A.S.J. refirió que la víctima iba fumando marihuana a la cabeza, cuando de pronto escuchó 3 detonaciones y vio a su amigo
R.L.H.G. con el arma, tras haberle disparado por la espalda. De ahí se fueron al centro de Puerto Vallarta.
Fue el jueves 31 de marzo cuando en un operativo entre la Policía Municipal y la Fiscalía se detuvo al hoy inculpado, luego que el testigo proporcionó su domicilio. Al abrir la puerta, los elementos se percataron que tenía un arma fajada. Al comparar los casquillos, la autoridad determinó que éstos sí fueron percutidos por la misma pistola tipo escuadra calibre 38 súper.
Por lo anterior, la agente del MP solicitó al juez de control tomar considerar cuatro agravantes: premeditación, ventaja, alevosía y traición.
El defensor de oficio Luis Figueroa Sahagún manifestó que la Fiscalía era omisa al solo tomar una línea de investigación al considerar que otra probabilidad es que el testigo también pudiera haber perpetrado el ilícito y sus declaraciones sólo incriminaban al imputado.
El juez de control Jaime Benjamín de la Torre de la Torre resolvió que estaban ante un homicidio calificado, pero no con el total de agravantes que solicitaba el MP, sino solo la de ventaja. Además señaló que era mera especulación por parte de la defensa el que se presumiera que el testigo A.S.J. estuviera implicado en el crimen ante las pruebas presentadas.
Se fijó un plazo de 5 meses para que la Fiscalía Regional concluya la investigación complementaria, misma que terminaría el 6 de septiembre de este año.
