Carolina Gómez Aguinaga
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Puerto Vallarta, Jalisco
El presidente municipal con licencia Ramón Guerrero Martínez pactó con el Gobierno de Jalisco el entregar la Unidad Municipal Administrativa (UMA) al Instituto de Pensiones del Estado con el fin de evitar una denuncia penal y la cárcel. La aprobación estaba enlistada en la sesión extraordinaria de ayer lunes, pero ante la negativa de los ediles, la propuesta quedó fuera del orden del día.
Y es que para que fuera autorizada la dación en pagó del inmueble de Los Portales, a la fracción de Movimiento Ciudadano intentó, de manera irregular, que la funcionaria Leticia Baca tomara protesta como nueva regidora, en uno de los dos espacios que siguen vacíos en el pleno. Más no se pudo concretar porque el reglamento establece que en una sesión extraordinaria no se pueden agregar puntos que no vengan enlistados anteriormente.
Si bien desde el trienio del priísta Javier Bravo Carbajal el dinero que se les descontaba a los trabajadores municipales para Pensiones del Estado nunca les fue entregado a este organismo, con lo cual se ha acumulado una gran deuda que continuó en la administración de Salvador González Reséndiz y también con Ramón Guerrero Martínez.
La diferencia con la actual administración, es que desde 2013 se reformó el Código Penal de Jalisco, en donde se establece que los presidentes municipales que desvíen los recursos que descuenten de la nómina a sus empleados y que son para IPEJAL, podrían hacerse acreedores a sanciones que van desde los 3 hasta los 15 años de prisión.
El asunto lo platicó el también diputado local electo con funcionarios estatales. La entrega de la UMA sería por 170 millones de pesos. El monto que no enteró Ramón Guerrero Martínez fueron aproximadamente 33 millones de pesos.
La deuda a Pensiones supera los 400 millones de pesos y cada día suben los intereses. Aún se desconoce si habría otra sesión de ayuntamiento para aprobar esta propuesta.