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Carolina Gómez Aguiñaga
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Puerto Valarta, Jalisco
El candidato de la alianza de facto PAN – PRD, Héctor Paniagua Salazar, advirtió que la Fiscalía de Nayarit encabezada por Edgar Veytia está preparando 20 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de su última administración municipal antes del 6 de julio, ante lo cual dijo no tener ningún temor.
Ello durante la rueda de prensa que ofreció en su arranque de campaña. Ahí también aseguró que no regresará a las filas del PRI: “aquí les anuncio que he dejado el partido después de 44 años de militancia, convencido de que he comenzado un nuevo ciclo de vida política”.
Al preguntarle si no cambiaría de opinión de ganar las elecciones, al poner como ejemplo el caso del actual alcalde Rafael Cervantes, contestó: “no me compare porque nuestra formación y principios morales son totalmente diferentes… si es necesario que firme un documento, lo cual me compromete ante la sociedad de Bahía de Banderas y del Estado para no usar la reversa, lo hago, es una separación total”.
Paniagua Salazar, ex presidente municipal de Bahía en dos ocasiones, señaló que se revisaría la cuenta pública de Rafael Cervantes a través de la Contraloría Municipal.
“Es un compromiso social con las personas de Bahía, hay una dirección de Contraloría Municipal que debe avocarse a conocer del estado que guarda la administración anterior, independientemente que lo haga el órgano fiscalizador del Congreso del Estado o alguna dependencia federal, habremos que revisar; conmigo importaron auditores de toda la República, lo malo que nunca encontró nada, antes de político soy administrador, no soy mago para esconder irresponsabilidades, soy un hombre honesto como lo dijo el Gobernador hace poco en San José”.
Recalcó que en su campaña ha sumado expresiones como la de priístas como Jaime Cuevas, Raúl de los Santos, Lourdes Ruiz Nieves o Ernesto Corona, “y muchas más que quizá no tengan marca”.
Criticó la deuda pública que ha dejado crecer la actual administración municipal de acuerdo a datos de la calificadora Verum, que representa el 86% de los ingresos ordinarios del ayuntamiento de Bahía de Banderas.
“En la primera quincena de abril, Verum localizó agravantes: fracasan acciones para incrementar ingresos, continúa el crecimiento en gasto operativo con plantilla de 900 trabajadores, ahorro interno negativo, ha incrementado su deuda, no ha reportado descuentos de trabajadores, eso es delito penal, cuotas del sindicato, conceptos de zona federal”.
Se le cuestionó si ha recibido amenazas, respondió que se ha enterado que la Fiscalía de Nayarit está preparando 20 órdenes de aprehensión antes del 6 de julio por supuestas cuentas pendientes en su última administración, por lo que advirtió pudieran estar
basadas en el caso de unos terrenos en San Juan Papachula que fueron comprados hace algunos años.
“Hay un caso que constantemente abordan los medios y que hemos ido a contestar: en San Juan Papachula, al lado de San Juan de Abajo, está una comunidad cuyos terrenos son asentamientos irregulares dese 1968, una pequeña parte se regularizó a través de Iprovinay en 1990, con el gobierno de Rigoberto de Ochoa Zaragoza; y en esta administración anterior, recibida la solicitud de los vecinos que querían tener un papelito que habla, nos abocamos a conocer el caso. Imagínense 10 hectáreas de terrenos pegadas a San Juan de Abajo que valían 30 millones y lo aprobamos en sesión de cabildo, negociamos con los dueños de los predios, una familia, los Villaseñor Pérez y su apoderado Vicente Villaseñor de San Juan de Abajo; negociamos pagar en dos millones de pesos los terrenos para beneficiar 200 familias cuyo ingreso no tenían. Se aprobó y se pagó un millón 200 mil pesos, ya no hubo dinero para cubrir los 800 mil pesos restantes, (fue) un acto humano cuyo contenido social es público, que firmamos en un acta de sesión de cabildo para entregar la tierra con una escritura que ellos firmarían para canalizar a Iprovinay y que éste Instituto regularizara. Ya no los cubrimos (los 800 mil pesos) y me han requerido, y hasta hay una calificación del Órgano de Fiscalización para que los pagara, el millón 200 mil pesos”.
