La liberación de francesa Cassez deja deudas judiciales y políticas en México

La liberación de la francesa Florence Cassez deja deudas pendientes en México por las posibles responsabilidades políticas y la situación de muchos mexicanos presos cuyos derechos procesales tampoco se han respetado.
“México es un país que vive en la impunidad”, dijo hoy a Efe el representante de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico, al referirse al caso de Cassez, que fue liberada anoche en esta capital después de siete años en prisión.
Cassez fue condenada a 60 años por su responsabilidad en varios secuestros y otros delitos, pero su detención y su proceso estuvieron rodeados de tales irregularidades que llevaron a la Corte Suprema a dictar el miércoles su liberación.
“No es el único caso que se da, son muchos los casos en los que hemos visto de falta de respeto a las garantías procesales mínimas y falta de respeto al debido proceso”, afirmó Zapico.
“Si no se investiga adecuadamente, si no se procesa adecuadamente, la impunidad va a permanecer”, agregó.
Los argumentos utilizados por la Corte Suprema para dejar libre a Cassez incluyen el montaje televisivo que se hizo un día después de su arresto, como si estuviera siendo detenida en ese momento, algo que reconocieron en su momento las autoridades mexicanas.
También formó parte del legajo una falta de asistencia consular que tendría que haber recibido Cassez en los tiempos legales, y la defensa argumentó que algunos testimonios estaban en contradicción y se había “construido” el caso para declararla culpable.
Tras conocerse el fallo judicial, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció anoche que es “inaplazable” acelerar las acciones para llegar a un nuevo sistema penal y revisar las técnicas de investigación del delito.
Ello para llegar a “una nueva forma de procuración de justicia, con pleno respeto a los derechos humanos”.
“Hasta la PGR está diciendo que son necesarios cambios en el corto plazo, cambios indispensables para garantizar que el sistema de procuración de justicia puede procurar justicia”, insistió Zapico.
No hay datos sobre la cantidad de reclusos mexicanos cuyos derechos procesales han sido violados, al igual que con Cassez, pero Amnistía Internacional considera que en los casos que ha llevado “muchas veces” los afectados pertenecen a grupos marginados.
La agrupación también llamó la atención sobre la necesidad de respetar los derechos de las víctimas.
“Las víctimas tienen derecho a la justicia. Es obligación de los ministerios públicos y de la policía hacer su parte para hacer procesos justos que garanticen la justicia”, indicó Zapico.
La ONG México Unido contra la Delincuencia, al comentar el caso de Cassez, también llamó la atención sobre los derechos de los víctimas, y se preguntó: “¿Cuántos mexicanos, que no tuvieron derecho a un debido proceso penal, viven en las cárceles?”
“El caso Cassez lleva a reflexionar sobre la terrible situación que vive en México nuestro sistema de procuración, impartición y administración de justicia: estamos ante la ausencia de un verdadero Estado de Derecho”, agregó la ONG.
Según sus datos, entre el 98 y el 99 por ciento de los delitos que se cometen en México quedan impunes.
Una encuesta telefónica publicada hoy por el diario Reforma indica que el 83 % de los mexicanos se mostró en desacuerdo con la decisión judicial y el 73 % piensa que la francesa era culpable de los delitos por los que se la procesó.
“Ya sea culpable o inocente, el mayor problema es que las autoridades no cumplieron con sus obligaciones, y además incurrieron en una serie de irregularidades, por lo que merecen que se inicie un proceso en contra de ellos por violaciones a los derechos humanos”, dijo, por su parte, la académica Sandra Salcedo, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Las irregularidades se cometieron cuando gobernaba en México el Partido Acción Nacional (PAN), que cedió el poder el pasado 1 de diciembre al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El PAN defendió en un comunicado las actuaciones de sus funcionarios, convencido de que los “probables vicios al procedimiento en nada afectan la valoración de pruebas, mismas que eran incontrovertibles”.
Para este partido, los jueces del Supremo “minimizaron los testimonios de las víctimas que han sido contundentes: todos identifican a Florence como integrante de la banda de secuestradores Los Zodiaco, acusada por lo menos de 10 plagios y la muerte de una persona”.
A raíz de este caso “vergonzoso” comienzan a surgir voces que piden responsabilidades políticas a la pasada Administración, como lo describió el secretario general del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez Camacho.
“Los culpables de las inconsistencias, desde el montaje (televisado) de su detención hasta las contradicciones en las declaraciones de las presuntas víctimas de la francesa, deben ser enjuiciados”, agregó Sánchez Camacho.

EFE