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Un grupo de nueve organizaciones civiles, en su mayoría ambientalistas, presentó hoy una demanda contra el organismo público que autorizó en México la construcción del centro de negocios Dragon Mart, en el que participan empresarios mexicanos y chinos.
Las ONG acusan al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira) del estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, de haber vulnerado los derechos “de información y participación ciudadana” en relación con el proyecto, en el que se invertirán más de 180 millones de dólares en su etapa inicial, así como de vulnerar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
Las organizaciones, entre las que están el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Sociedad para el Futuro de los Océanos de Jean-Michel Cousteau, presentaron una “demanda de nulidad” contra el permiso concedido a los dueños del terreno, que son empresarios mexicanos.
“Exigimos suspender la autorización otorgada, dado que esto evitará la afectación al medio ambiente que se causaría por la construcción y operación del proyecto Dragon Mart”, señaló en un comunicado el director general de Cemda, Gustavo Alanís.
El proyecto pretende edificar un gran centro de negocios sobre 306 hectáreas de terreno ubicado a unos veinte kilómetros del centro del balneario de Cancún.
La idea es que Dragon Mart se convierta en un gran centro de exposiciones para mercancías procedentes de China y que acerque a empresas de ese país a México y Centroamérica.
Además de empresarios mexicanos, el proyecto cuenta con socios del país asiático.
El Cemda denunció que el Inira autorizó el proyecto en 2012, a pesar de que habrá una desmonte del 35 % de la superficie del terreno, superior al 25 % que permiten las leyes ambientales.
“En la demanda se añade que la ejecución de este proyecto ocasionaría otros impactos ambientales que afectarán al municipio de Benito Juárez”, donde está Cancún.
Entre ellos, citó “la construcción de más viviendas, la extracción y descarga de agua, el aumento de la capacidad de carga del sitio, el aumento del tráfico vehicular, los derivados de la creciente oferta de servicios urbanos, así como el aumento de desechos de basura”.
Otras ONG firmantes de la querella son Sacbé, Medio Ambiente y Sociedad, Defenders of Wildlife, Yaxche, y Sumar-Voces por la Naturaleza.
“Organizaciones de la sociedad civil locales y nacionales, así como representantes de diversos sectores económicos de Quintana Roo y personas interesadas, respaldaron la demanda interpuesta”, concluye el comunicado de los ecologistas.
EFE
