Leticia Arana
leticiaarana@prensaglobal.com
Prensaglobal.com
Guadalajara, Jalisco
Después de que hace dos semanas el diputado panista vallartese, Juan José Cuevas García, presentara propuesta- iniciativa en la que sugiere que los recursos para manutención de presos del fuero federal en cárceles de Jalisco, sean utilizados para que el Estado se haga cargo de los gastos que genera la operación de centros penitenciarios de la entidad, en concreto aquellos como el UNIDIS, Centro Preventivo para Menores Infractores de Puerto Vallarta, con el propósito de aligerar la carga financiera que reditúa su manutención al gobierno municipal; el referido legislador externó satisfacción, pues finalmente pidieron que sea el gobierno estatal, el que tome la tutela administrativa y económica:
“…hicimos la propuesta, metimos una iniciativa para que el recurso que se utilizaba del fuero federal de los presos que se lo están llevando, ese recurso se utilice para rescatar al UNIDIS, para rescatar otros centros penitenciarios que hay en otros municipios y quien los debe tener, quien los debe mantener esos presos y todos sus servicios, pues es el gobierno del Estado…”
Por su parte, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuestionado por PrensaGlobal.com, de igual manera manifestó su beneplácito al recordar que dicho centro para menores infractores en el destino turístico, ha evidenciado irregularidades operativas, legales y precarias condiciones físicas que produjeron quejas y estas a su vez la emisión de recomendaciones por violación a las garantías individuales, integridad y seguridad de los ahí recluidos:
“…pues sería una excelente noticia de llevarse a cabo , nosotros lo hemos gestionado desde hace bastante tiempo, la comisión ha estado señalando que es una responsabilidad del gobierno del Estado de Jalisco y consideramos que los gobiernos municipales no tienen la capacidad suficiente económica para poder dar solución a todas las necesidades que se requieren en esas unidades de atención, de observación, clasificación y diagnóstico para las personas menores de edad que se encuentran pendientes ante un proceso judicial…”
Cabe recordar que en octubre pasado la CEDH, emitió una recomendación al gobierno de Puerto Vallarta, por actos anómalos en ese centro, concretamente el abuso sexual a un menor de edad y otras agravantes. Por cierto las autoridades municipales, ahora encabezadas por Ramón Guerrero, aceptaron tal llamado que esperan cumplimentar o resolver.