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El Congreso de Ecuador aprobó el martes un proyecto de ley del gobierno que eleva los impuestos a la banca para recaudar unos 164 millones de dólares anuales, que se destinarán a financiar un subsidio a los pobres, anunció el Legislativo.
La iniciativa del gobierno de Rafael Correa, candidato a la reelección, fue avalada con 79 votos (incluidos los de varios opositores), cinco en contra y 10 abstenciones al cabo del segundo y definitivo debate en el pleno, que se inició por la mañana.
La “ley de redistribución de los ingresos para el gasto social” es rechazada por la Asociación de Bancos Privados (ABPE), que el martes aseguró en un comunicado que “afectará la expansión crediticia del sector, teniendo efectos negativos sobre el crecimiento de la economía y el nivel de empleo”.
Pero el oficialista Francisco Velasco, presidente de la comisión de Régimen Económico, señaló durante la discusión que aun con la reforma, la banca “sigue siendo un extraordinario negocio y teniendo utilidades garantizadas”.
El texto prevé una serie de gravámenes para financiar un aumento de 35 a 50 dólares, a partir de enero, del Bono de Desarrollo Humano (BDH), un subsidio creado en 1998 que beneficia a 1,9 millones de pobres.
“Ni 35 ni 50 dólares resuelven la vida de una persona”, afirmó la opositora María Paula Romo.
El aumento costaría unos 300 millones de dólares anuales. Correa lo anunció en respuesta a un ofrecimiento del banquero Guillermo Lasso, su principal contendiente en la carrera por la reelección, quien dijo que lo financiaría reduciendo la publicidad oficial, lo que el mandatario tildó de “demagógico”.
Así, consagra un impuesto del 3% sobre los ingresos gravables de las instituciones financieras y una nueva tasa del 0,25% mensual sobre sus activos en el exterior, pudiendo ser del 0,35% si están en paraísos fiscales.
También incluye un IVA del 12% para los servicios financieros y eliminar un beneficio que permite a los banqueros deducir un 10% del impuesto a la renta mediante la reinversión de ganancias en créditos productivos.
Además, busca poner un límite a los salarios de los directivos de los bancos, pues según el gobierno, esos montos encubren utilidades, y ampliar el acceso de las autoridades a la información bancaria de los clientes.
“No se puede financiar un gasto fijo con un ingreso variable”, cuestionó el opositor Kléver Jiménez.
Las utilidades de los 26 socios de la ABPE aumentaron un 50,6% en 2011, ubicándose en 393 millones de dólares.
Correa, quien lidera ampliamente la intención de voto, sostiene que durante su gobierno se seguirán socializando las pérdidas y no las ganancias, como según él, ocurrió durante la crisis bancaria de finales de los años noventa, que derivó en la dolarización de la economía.
AFP
