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Leticia Arana
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Guadalajara, Jalisco
La reciente desaparición forzada del defensor náhuatl, Celedonio Monroy Prudencio, integrante de la comunidad indígena de Ayotitlán en Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragan, Jalisco, luego de la queja presentada por su cónyuge, obligó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a emitir medidas cautelares dirigidas al Secretario General de Gobierno, Víctor Manuel González Romero y el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, a fin de que se agilice la búsqueda del plagiado en cuestión.
Según relato del ombudsman jalisciense, y de acuerdo con la denuncia, Monroy Prudencio, fue “levantado” el pasado 24 de octubre por un grupo de ocho hombres armados y encapuchados, luego de destruir su vivienda. Menciona que la víctima, quien formó parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena, enfocó gran parte de su trabajo a la preservación de la reserva de la biósfera que constituye la Sierra de Manantlán .
En otro caso, presentó la recomendación 40 del año, dirigida al Ayuntamiento de Villa Corona, por violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, ejercicio indebido de función pública, negativa de asistencia a víctimas del delito, prestación indebida del servicio, derecho a la libertad, retención ilegal, incomunicación y desaparición forzada, sufrida por dos personas que fueron finalmente ejecutadas por elementos de un grupo del crimen organizado, previo amago de estos a José de Jesús Ortiz Uribe, quien era alcalde de ese municipio, cuando ocurrieron los hechos.
