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El representante perredista ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Camerino Márquez Madrid, insistió en que sí hay elementos suficientes para anular la elección presidencial y llamó a respetar los tiempos legales y procesales.
En entrevista recordó que el único facultado para calificar los comicios del 1 de julio de 2012 es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que hay que esperar la decisión de ese organismo sobre si declara o no su invalidez.
En cuanto a los señalamientos del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, respecto a que con los elementos presentados no se pueden invalidar los comicios, indicó que nadie puede afirmar lo que el órgano jurisdiccional tendrá que decidir en su momento, y llamó a respetar los tiempos legales y procesales.
Precisó que se han entregado todos los elementos probatorios con los que se cuentan y, lo más importante, los informes que han rendido las autoridades que por su naturaleza tienen la responsabilidad de supervisar la procedencia y origen de los recursos financieros.
Tales son los casos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Unidad de Fiscalización del IFE y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Todos estos elementos nos llevan a concluir que hubo un rebase de tope de campaña. El Artículo 344 del Cofipe es claro al establecer que los candidatos y partidos que violenten este artículo tienen un sanción, la cual está señalada expresamente en el Artículo 354 del mismo ordenamiento y es la pérdida del registro del candidato”, dijo.
También se habría quebrantado al Artículo 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual prohibe que empresas mercantiles puedan aportar recursos financieros o en especie a los partidos políticos, por sí o por interpósita persona.
A decir de Márquez Madrid, queda claro que se ha transgredido de forma flagrante la ley, toda vez que hay una cantidad que rebasa los topes de campaña de poco más de 300 millones de pesos, aunado a lo que consideran un fondeo ilegal a través del Grupo Financiero Monex.
“Es una clara violación y una absoluta ilegalidad e inmoralidad y lo más delicado que llegara a determinarse que son recursos públicos, es delito de peculado”, externó el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el IFE.
“Si se demuestra que proviene de lavado de dinero, sería un grave problema para el país, sería entrar a un terreno donde las instituciones y el Estado mexicano estarían siendo cuestionados y rebasados de facto por la delincuencia”, enfatizó.
En este proceso además se quebrantan los principios constitucionales consagrados en el Artículo 41 constitucional, que establece que la elección debe ser libre y auténtica, y para la coalición Movimiento Progresista el domingo 1 de julio no hubo elecciones libres.
“Hubo mercadeo y compra masiva de votos, y eso nos parece que no puede tolerarse ni permitirse”, expuso el representante perredista ante el IFE, quien agregó que dicha situación equivaldría a “entrar a un clima de absoluta ilegalidad e ingobernabilidad”, y de ahí que haya elementos suficientes para declarar la invalidez de la elección.
