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Leticia Arana
Para que el proceso y próxima contienda electoral 2023-2024, en el país, produzca comicios equitativos y estrategias que eviten posibles delitos electorales, se hace necesario priorizar el fomento de la cultura de la legalidad y acatar principios constitucionales, sostiene consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, al destacar la importancia de la equidad, transparencia, y uso de recursos lícitos en las campañas:
“…Se busca el cumplimiento de cero tolerancia a la violencia en general y a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Las instituciones están listas, preparadas y trabajando ya, en la planeación, desarrollo y ejecución del Proceso Electoral Federal; tenemos que trabajar de cara a la ciudadanía, con transparencia, dando certeza, cumpliendo los principios constitucionales, porque eso garantiza elecciones legítimas, donde los resultados se respeten y donde los ilícitos y las irregularidades, también se sancionen…”
Lo anterior, fue expuesto durante la firma del convenio de colaboración de este organismo, con la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, donde añade que esto, representa un gran pacto con la legalidad, pues se trata de detectar cualquier hecho indebido. El objetivo, afirma, es apostar por la honestidad, buenas prácticas, control efectivo del recurso público, para que no se destine a la promoción personalizada de servidores públicos, y generalizar una cultura cívica que abone a la calidad democrática
Por su parte, Yanko Durán Prieto, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, sostiene que la vinculación institucional, deberá incidir positivamente en la calidad de la función pública , para accionar con perspectiva de lo previo y no solo a la reacción, compartir conocimientos, cooperar y colaborar, a fin de que la ciudadanía y quienes se dedican a la función electoral, estén aptos para identificar posibles conductas reprochables desde el ámbito penal, frenarlas y denunciarlas, considerando que corresponderán a procesos electorales concurrente, donde la impunidad no tendrá cabida.
