Leticia Arana
Aunque se derogó obligatoriedad que exponía la Ley para el Ejercicio de Actividades Profesionales en Jalisco, que exigía renovar cedula profesional y recertificación cada cinco años, sobre todo en áreas de la salud, contabilidad, jurídica y construcción, anulando presión para tal renovación con costo, el titular de la Dirección de Profesiones, Martín Orozco Almádez, anuncia que esa disposición, ahora voluntaria, brinda incentivos a quienes si la realicen, pues estarán en un padrón estatal, que otorgue preferencia en las empresas, para ser contratados:
“…Estamos invitando a que los profesionistas que por voluntad propia y actitud competitiva para ejercer un mejor servicio, se puedan certificar .Tenemos una expectativa positiva ante este nuevo cambio, estaremos haciendo una campaña en las Universidades y en todas las empresas, para invitar al profesionista, a que se certifique de manera voluntaria , pero a cambio ofrecerle motivación , por ejemplo un padrón, donde el Estado lo difundirá, para que se dé preferencia de contratación a los profesionistas que si estén certificados, en contra de los que no …”
Subraya que la certificación profesional, otorga beneficios que acreditan trayectoria académica y laboral, es decir se garantiza un ejercicio latamente calificado y actualizado, es decir que cuente con herramientas y habilidades para desarrollar la profesión elegida o cursada. La idea, reitera, es cumplir con los más altos estándares, además de que las y los usuarios o solicitantes de un servicio profesional, lo obtendrán de forma excelente. Es conveniente, añade, mantener una caducidad de la certificación, a fin de que sea un reto hacia la competencia, y capacitación constante.
Por su parte, Lluvia Alejandra Galindo, vocal de esa dependencia, indica que la certificación profesional, estará sustentada en cursos, talleres, seminarios, o diplomados de cada uno los colegios o asociaciones. Su costo puede variar, según la profesión, entre los dos mil 500 y tres mil pesos; el próximo año, se ofrecerá, el o los periodos de certificación, a los voluntarios.
Cabe destacar que previo a derogarse esta obligación, se sumaron quejas entre profesionistas de referidas áreas, al acusar que el trámite resultaba lento, burocrático y recaudatorio.