Leticia Arana
Además de desincentivar las inversiones por mil 897 millones de dólares en el sector restaurantero, alimentos, bebidas y recreación de Jalisco, la nueva reglamentación antitabaco, obligatoria o vigente a partir del pasado 15 de enero, arriesga el empleo de casi 134 mil personas que dependen de tales rubros, enfatiza presidente de Coparmex, capítulo estatal, Carlos Villaseñor Franco, al lamentar que dicha normativa, sin análisis técnico, no fue socializada o consensada adecuadamente:
“…El cambio en el reglamento de la Ley Tabaco, pone en riesgo las fuentes de empleo de casi 134 mil colaboradores en Jalisco. El pasado 15 de enero, entró en vigor en todo el país, un cambio en el reglamento de la Ley General para el control del Tabaco, una reforma que no contó con la socialización adecuada ni con análisis técnicos, ni con consensos, para el consumo y exhibición del tabaco, una medida excesiva que tendrá un impacto negativo en sectores que apenas se recuperan de la contingencia sanitaria y que, en estas modificaciones, no se resuelve el problema de salud pública. Es importante hacer énfasis o admitir en que este organismo coincide en que prevalezca la protección de la salud y comparte la visión de que se impulsen políticas públicas encaminadas a la prevención en el consumo del tabaco, así mismo, las empresas y sectores involucrados, han acatado iniciativas que velan porque la población esté informada sobre los riesgos que ocasiona el fumar…”
Destaca que pareciera no tomarse en cuenta, los esfuerzos del sector restaurantero, luego de diversas inversiones para adecuar sus instalaciones o espacios a fin de preservar la salud de los no fumadores, es decir, designar áreas ventiladas o al aire libre para clientes que si utilizan tabaco. Advierte que la nueva reglamentación con sus restricciones, estará lejos de evitar o contener compra y consumo de nicotina u otros similares, toda vez que tal prohibición, abrirá la puerta para fomentar el comercio ilegal del producto, impactando de manera injustificada cabal libertad y derechos de las y los consumidores.
Pide al gobierno federal, generar certeza jurídica, considerando que este producto es legal, en nuestro país.