Leticia Arana
Contratación y basificaciones irregulares o sin cumplir requisitos, de 80 empleados, en su mayoría recomendados, por compromisos u amiguismo, así como evasión en pago de impuestos y retención del ISR, sobre nómina, de 2018 a 2021, configuran delito de defraudación fiscal y desvío de recursos, por casi 20 millones de pesos, a cargo de administración saliente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que encabezó, Alfonso Hernández Barrón, confirma titular de la Dirección Jurídica, Francisco Javier Ulloa:
“…Se violaron disposiciones discales contenidas tanto en el código fiscal de la Federación, como en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es Comisión por omisión, porque además los sabían. Mandaron a hacer una auditoría a despachos particulares, y esos informes de auditoría externa, lo que arrojó fue que, muy sencillo, tienen que pagar el ISR, y no lo pagaron, es una omisión intencional o es una acción premeditada; ya que, con la finalidad de evadir las obligaciones fiscales, los pagos de aguinaldos, fueron etiquetados como nómina complementaria. Esto trajo como consecuencia las actualizaciones, 2018, 2019, 2020 y 2021, y los recargos de los mismos ejercicios fiscales, tenemos un total general por año, de más de seis millones, cinco millones, cuatro millones y tres millones, esto hace una suma de casi 20 millones de pesos; y si quieren saber qué pasó con ese dinero, eso es lo más importante, ese dinero que no se pagó al fisco, hicieron transferencia de partidas a una partida que se llama asimilados a salarios y se supone, eso el Ministerio Público, nos lo tendrá que decir, que contrataron a sus cuates y por ahí salió el dinero …”
Enfatiza que fue interpuesta denuncia por ejercicio indebido de servicio público, y uso ilícito de atribuciones y facultades, ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción, como lo evidencian contratos que rebasan el término constitucional de referida administración, al basificar a personal eventual o supernumerario, mediante un dictamen que presuntamente justificaba nombramientos definitivos, algo que, de acuerdo con el artículo sexto de la Ley para los Servidores Públicos, es violatorio, lo que amerita sanción penal. Por otra parte, añade, también fueron detectadas maniobras injustificadas sobre operación de una oficina de este organismo garante, en Tlaquepaque, contratación de telefonía celular, y deuda por el servicio de agua, entre otros gastos, por monto cercano a los 180 mil pesos.