Proponen Hasta 5 años de Prisión, a quien Autorice Basificaciones por “Compadrazgos”,en Jalisco 

Leticia Arana

Las basificaciones laborales en a gestión pública de Jalisco, dejarán de ser por “amiguismo” o compromisos políticos, ya que se priorizará la experiencia, formación, vocación, aptitud o competencias de los trabajadores, y evitar sean removidos por nuevos funcionarios, afirma diputada morenista, Mariana Fernández Ramírez, al presentar iniciativa para reformar la Ley de Servidores Públicos, que contempla hasta cinco años de prisión, por este abuso de autoridad:

“…Para evitar las basificaciones irregulares, que se puedan estar dando en estos momentos y en el futuro, tanto en administracionespúblicas, como en Ayuntamientos, como en el propio Congreso del Estado. Cada cambio de administración un sinnúmero de trabajadores que son basificados para pagar deudas y compromisos políticos, muchos de los cuales, en realidad, durante el periodo de su responsabilidad, ni siquiera trabajaron. Otros, la gran mayoría, trabajadores supernumerarios que, si se entregaron en el servicio y si demostraron capacidad y vocación, se truenan los dedos, porque los han traído de un contrato temporal en otro, y así no pueden conseguir su estabilidad laboral. No hay un criterio que permita que sean los mejores, quienes puedan mantener su trabajo, sigue prevaleciendo el premio al amiguismo; El delito de abuso de autoridad, lo tienen en cuenta los alcaldes salientes, pues el artículo 146, habla de una fracción 23, que quien apruebe u otorgue un nombramiento de servidor público, y contraviene lo dispuesto por la Ley, incurre en él, de encontrarse responsable, será de uno a cinco años de prisión …”

Indica que a pesar de que se han querido poner candados para los abusos y el revanchismo, la estabilidad laboral anhelada por empleados honestos y responsables, sigue en manos de la política. Esta propuesta, añade, pretende cambios en los artículos 7,106 y 108 de la citada Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, con el fin de que se respeten los derechos de trabajadores supernumerarios, quienes generalmente carecen de prestaciones y seguridad social. Busca, otorgar estabilidad laboral irrenunciable, y frenar basificaciones masivas, que ignoren el requisito de contar con antigüedad de seis años y medio consecutivos, situación que empezó a omitirse con la reelección de diputaciones y ayuntamientos, pues han dejado herencias incómodas,  basificando, por “compadrazgo”, ignorando, no solo los años laborados, sino la competencia y eficiencia del personal más capaz.
Esto también pretende que los gobiernos entrantes, tengan facultades para impugnar plazas asignadas irregularmente, ampliando el plazo de 30 días, a dos años, a fin de detectar   irregularidades, o acreditar que el beneficiario no cumple con requisitos de idoneidad. Del mismo modo, garantizar que los trabajadores o merecedores de basificación, aspiren a una jubilación justa y por derecho.