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Leticia Arana
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas-RNPDNO- de las casi 92 mil víctimas por este delito en el país, 14 mil corresponden a Jalisco, lo que representa más del diez por ciento de citado reporte global, que avala la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos , tras precisar que el SISOVID, Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición en la Entidad, totaliza arriba de 13 mil.
De este monto, fechado al 31 de agosto pasado, 11 mil 086, son hombres y Mil 994, mujeres, cuyas familias, claman por mayor certidumbre en los trabajos para lograr su localización o recuperación, toda vez que no saber de tales seres queridos, genera enorme angustia, desesperación e impotencia, sentencia la citada defensoría jalisciense, al detallar que la mayoría de los desaparecidos, ocurrieron en Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tepatitlán de Morelos, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, San Miguel El Alto, San Juan de los Lagos, Tomatlán, Colotlán y San Ignacio Cerro Gordo, lo que se considera alarmante, tomando en cuenta la densidad poblacional de cada una de estas localidades.
Otro dato preocupante, añade, es que de 1995 a 2019, la cifra llegaba a casi diez mil y para agosto de este año, se añadieron otras tres mil, tal y como se documentó en la recomendación 25/2019, es decir, que alrededor de 30 por ciento del total de desapariciones o no localizaciones, se registró en los últimos 30 meses.
Respecto a las indagatorias, refiere pocos avances, pues el personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, cuentas con solo 30 agencias integradoras en la Entidad, mismas que atienden en promedio 433 investigaciones o carpetas, y tan solo en el distrito judicial 1, correspondiente a la Zona Metropolitana de Guadalajara, sus agentes ministeriales, revisan hasta 800 de estas, otros distritos del interior del Estado, acumulan aproximadamente 500.
Por tal motivo, este organismo, recomienda al fiscal general, a la especial en personas desaparecidas, así como al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y presidentes municipales, con mayor número de plagios, inscriban a las personas desaparecidas y familiares en el Registro Estatal y Nacional de Víctimas, y se otorgue la reparación integral del daño conforme a la normativa estatal y federal.
Que se instruya a los agentes del MP, para que de manera exhaustiva y atendiendo estándares de investigación sobre delitos relacionados, realicen integración e indagatorias efectivas, para la localización de desaparecidos, se esclarezcan los hechos, identifiquen y detengan a probables responsables y se garantice el acceso a la verdad y justicia.
También, que, en las pesquisas, que involucre a servidores públicos, identifiquen las distintas líneas de investigación y deslinden responsabilidades con enfoque de desaparición forzada, toda vez que es un delito de lesa humanidad.
