Leticia Arana
El Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, se encuentra rebasado para resolver, mil 800 demandas que recibe anualmente, de las cuales, más de la mitad, corresponde a laudos interpuestos por trabajadores despedidos, contra entes públicos o autoridades, mismos que suman deudas de mil millones de pesos en municipios, incluido Puerto Vallarta, afirma diputado panista, Gustavo Macías Zambrano:
“…Este tribunal es uno de los que se le debería de poner mucha más atención, porque las resoluciones de este Tribunal, impactan en el erario público, los laudos que dicta este Tribunal, pues tienen una repercusión en las finanzas de los municipios, de los entes incorporados y por supuesto del Estado y sin embargo es uno de los Tribunales, el de Arbitraje y Escalafón, que menos respaldo y apoyo ha recibido. Recientemente el Ejecutivo del Estado, presentó una iniciativa para crear la solución alterna de los conflictos en materia laboral, dentro de lo que será Juzgados laborales que entrarán en vigor en mayo, pero al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, no h recibido ningún respaldo, por lo que las resoluciones que dicta mantienen en muchos de los casos en serios problemas económicos a los ayuntamientos, son miles, son millones de pesos , los que están en juego en los municipios, se habla que en este momento, los municipios adeudan cantidades muy cercanas a los mil millones de pesos a los trabajadores y hoy se siguen recibiendo en promedio, mil 800 demandas al año en este Tribunal; el 60 por ciento de estas demandas son laudos en contra de los entes , que significa dinero de los contribuyentes…”
Precisa que la atención o solución a estos débitos, implica para los presidentes municipales, desembolsar recursos, que bien pudieran dirigirse a servicios básicos, sin embargo, prevalecen las querellas, con argumentos de contubernios que refuerzan las demandas contra el municipio o el Estado. Por tal motivo y ante el dilema que supone esto, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, añade, se propone, mediante reforma al artículo quinto de la Ley de Justicia Alternativa, que el Instituto de Justicia Alternativa, con más de 50 oficinas en la Entidad, se encargue de realizar conciliaciones con los servidores públicos, antes de que llegue una demanda, lo que ahorraría trabajo y salarios caídos.
Anteriormente, finaliza, se sugirieron cambios, que no han prosperado, como es, fincar responsabilidades a funcionarios, omisos en seguir procedimientos para despedir a un trabajador, darle autonomía e independencia a citado Tribunal, sobre emisión de fallos, y agilizar los juicios, mediante procesos y notificaciones en línea.