Leticia Arana
No obstante que Jalisco, cuenta con la más avanzada Ley de Acceso de las Mujeres, a una vida Libre de Violencia, del país, ésta brilla más en el papel, o es letra muerta, pues el Centro de Justicia para Mujeres, como órgano garante, opera con pocos recursos, y apenas, una sala para desahogar, las más de 17 audiencias que se agendan diariamente, sostiene, Sofía García Mosqueda, diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso:
“…Ahora que ya estamos próximos a la conmemoración del 8 de marzo el día internacional de la mujer, en lo cual se busca hacer valer los derechos. Tener una legislación, la más protegida y avanzada del país, pues sirve de poco, cuando las autoridades no cuentan con las herramientas necesarias para hacerla cumplir. Hoy quiero alzar la voz de nueva cuenta para pedirle a las autoridades estatales y federales, que pongan en marcha soluciones a los problemas que vivimos para los cuales hemos generado. Primero me refiero al Centro de Justicia para las Mujeres, en específico, los juzgados especializados en violencia contra las mujeres, que están rebasados y con enorme carga de trabajo. Para que la justicia llegue, además de la ley, necesitamos que estos juzgados puedan desahogar los casos con prontitud y eficacia, y para eso es necesario que cuenten con los recursos y el personal suficiente al que ahora, no cuentan …”
Detalla que desde 2016, cuando inició funciones este Centro de Justicia para Mujeres, se radicaron 121 carpetas administrativas y 822 escritos de oficios, cantidad que incrementó siete veces en 2019, y a la fecha, sigue elevando dicho trabajo o saturación de solicitudes, para solo 20 personas: cuatro jueces, dos administradores de tribunal, una jefa de administración y causas, otra de sala, un jefe de atención al público, auxiliar de cómputo, dos notificadoras, dos auxiliares administrativos, cuatro más judiciales , otro de sala y dos de intendencia. Subraya que, a la carencia de personal, se añade deficientes recursos y espacios, frente a lo cual, poco o nada han hecho las autoridades, a pesar del panorama evidenciado.
Esta situación, indica, obliga interponer un exhorto o punto de acuerdo legislativo, que exija al Consejo de la Judicatura, dote de personal y respaldo suficiente a los juzgados especializados en violencia contra las mujeres, en citado organismo.