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Leticia Arana
Con el argumento de que las cartas de no antecedentes penales, son por sí mismas, un derecho de patrones para conocer referencia conductual, sobre posibles aspirantes a un puesto de trabajo, el Gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, en claro veto, propone cambios a reciente reforma legislativa del Código Penal, promovida por la diputada emeceista, Priscila Franco Barba:
“…En las observaciones, se estima que no es proporcionar privar a los patrones de conocer el historial penal de los aspirantes al trabajo, a fin de que elijan libremente a quien quieran contratar, sobre todo, cuando conforme a Ley, los patrones, son responsables de los actos de sus trabajadores. Lo he manifestado, la postura del Ejecutivo, siempre ha sido promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, y en lo que aquí atañe, fortalecer el desarrollo económico del Estado….”
El mandatario estatal, sugiere que dicho documento, se inscriba como Constancia de Historial Penal, y su costo baje de 70 a 40 pesos, ante el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses, ente emisor, considerando aunque no acredite la probidad o modo honesto de vivir actual de una persona, si debe constituir un elemento de valoración, que incluso convenga al mismo solicitante, o empresa que muestre interés en contratarlo.
