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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas que buscan erradicar las más de seis mil llamadas de extorsión y amenazas que se realizan diariamente desde los reclusorios de todo el país.
El dictamen de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, a las leyes Federal de Telecomunicaciones; así como la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y a la General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue aprobado con 315 a favor, seis en contra y siete abstenciones.
El diputado del PRI, Arturo Zamora, expuso que las modificaciones dotan de un sistema eficaz al gobierno federal y a los gobiernos estatales para inhibir, a través de instrumentos tecnológicos, las llamadas con fines de extorsión, amenazas de secuestro y otros delitos que se realizan en promedio todos los días.
En la sesión de este día en San Lázaro, expuso que además se busca eliminar la comunicación de los reos hacia el exterior con fines de extorsión, así como la comunicación interna entre bandas de delincuentes que organizan esquemas de violencia generalizada, que en ocasiones derivan en motines y fugas.
“Se plantea que los permisionarios y concesionarios estarán obligados a llevar esquemas de localización georeferencial de los lugares desde donde salen las llamadas de amenazas. Por otra parte, esta reforma no viola ninguna disposición constitucional”, explicó Zamora Jiménez desde tribuna.
El también priista, Humberto Benítez Treviño, resaltó que las modificaciones avaladas establecen la obligación de las empresas telefónicas de colaborar con las autoridades, y en tiempo real ubicar y bloquear las llamadas que se realizan desde celulares reportados como robados o extraviados.
En el dictamen, se establece además la obligación de todos los Centros de Readaptación Social para colocar aparatos y dispositivos que bloquen las señales de telefonía celular desde adentro y en el perímetro de los mismos, con el objetivo de frenar el delito de extorsión.
Se dispone que en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el titular de la PGR o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, solicitarán a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos móviles asociados a alguno de esos delitos.
Además, se incluyen sanciones a la autoridad investigadora que utilice los datos e información obtenidos, como resultado de localización geográfica de equipos de comunicación móvil, para fines distintos a los señalados.
Respecto a los concesionarios o permisionarios de telefonía que se nieguen a colaborar con las autoridades en la localización geográfica de equipos, se plantean multas de 200 a dos mil 500 salarios mínimos y de uno a cinco años de prisión.
En las reformas avaladas y que fueron turnadas al Ejecutivo federal, también se considera que las empresas deberán asignar un área con responsables operativos en la función de colaborar con las autoridades en la localización de equipos.
“Los concesionarios también están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen”, se añade.
