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Leticia Arana
El desorden administrativo y financiero en la Secretaría de Salud, Jalisco, sigue sin solventarse, y aunque el actual titular, Alfonso Petersen Farah, ha hecho algunas reestructuraciones, resulta complicado revertir lo que le heredaron cinco ex direcciones de la dependencia, encabezadas por su antecesor, Antonio Cruces Mada, afirma la Contralora del Estado, Teresa Brito, al presentar balance a observaciones iniciadas desde diciembre pasado:
“…Estuvimos analizando todos y cada uno de los rubros y hallazgos encontrados, posterior a eso, corrimos traslado al anterior secretario y le otorgamos un término perentorio para que intentara solventar dichos hallazgos o señalados también como observaciones , resultados de esa entrega recepción , se recibe un escrito por parte del secretario de su área administrativa, donde nos informan que con la respuesta de Antonio Cruces , no quedan aclaradas las observaciones realizadas a las inconsistencias encontradas…”
Menciona que frente a esta situación, la Contraloría inició revisión concreta con carácter de auditoría integral a la citada dependencia, a partir del 12 de enero y el resultado preliminar arroja una administración deficiente, soportada en bases financieras inciertas:
“…Hay un severo desorden administrativo, principalmente los estados financieros, como ustedes saben, los estados financieros son el esqueleto de una dependencia, la planeación presupuestal , el ejercicio de los recursos públicos. Quiero decirles que en el caso de del OPD de salud, los estados financieros, aun siendo obligación por ley, nunca han sido aprobados por la Junta de Gobierno, los estados financieros, no registran adecuadamente los pasivos, es decir, no se sabe a quién se le debe, ni cuánto se le debe…”
Explica que al analizar recepción de facturas a proveedores, se ha podido determinar que existen pasivos parciales por 43 millones de pesos, que no se han visto reflejados en los Estados Financieros.
Del mismo modo, precisa que no han encontrado los testigos documentales de la información, además de que en los libros de las actas de la Junta de Gobierno, no aparece la aprobación de cómo se aplicaron recursos recibidos de la federación y el Estado.
