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El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha reactivado el viejo debate en torno a la posibilidad de despenalizar las drogas en América Latina como un arma contra el narcotráfico , con una propuesta que por ahora no ha caído bien.
La Embajada de EE.UU. ha rechazado de plano la propuesta de Pérez Molina de “analizar la posibilidad” de la despenalización, pero además los mandatarios de El Salvador y Costa Rica y altos funcionarios de México han mostrado sus dudas acerca de que sea un arma efectiva y han alegado en contra también razones morales y de salud.
La postura de Pérez Molina, general retirado y líder del derechista Partido Patriota, con experiencia tanto en luchar contra la guerrilla como contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, es defendida, sin embargo, por expresidentes como el brasileño Fernando Henrique Cardoso y escritores como el peruano Mario Vargas Llosa, el mexicano Carlos Fuentes y el nicaragüense Sergio Ramírez.
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, país que junto a Perú es el mayor productor de cocaína del mundo, cree que la despenalización solo sería aceptable si todos los países se pusieran de acuerdo en aplicarla.
En cualquier caso, para Santos el asunto “no puede seguir siendo tabú” y por eso “hay que buscar alternativas”, porque “el narcotráfico financia a todos los grupos violentos”.
Pérez Molina insistió este martes en que su intención es poner “sobre la mesa de diálogo” la posibilidad de seguir una estrategia diferente para enfrentar uno de los mayores problemas de América Latina, y especialmente de Centroamérica, en la actualidad: la violencia y la corrupción generadas por el narcotráfico.
Los “carteles” producen y trafican desde la región drogas destinadas fundamentalmente a EE.UU. y Europa, donde están los mayores mercados de consumidores.
La propuesta de Pérez Molina es regular” la producción, transporte y comercialización de las drogas para dejar de invertir “millones de dólares” en el combate al narcotráfico y detener los cientos de asesinatos que provoca esta actividad.
El Gobierno de Estados Unidos “continúa oponiéndose a tales medidas porque la evidencia muestra que nuestro problema compartido de la droga es una gran amenaza a la salud pública y a la seguridad”, señaló la Embajada estadounidense en Tegucigalpa 24 horas después de que, el pasado sábado, Otto Pérez hiciera por primera vez su propuesta.
La propuesta de presupuesto del Departamento de Estado de EE.UU. para 2013, presentada el viernes pasado, recorta la suma destinada a apoyar la lucha contra el narcotráfico en América Latina a 476,4 millones de dólares frente a 568 millones en 2012.
México es el país donde más se sentirá el recorte. El ministro mexicano de Gobernación, Alejandro Poiré, afirmó este martes en un foro internacional que el problema del narcotráfico, que en su país ha generado una violencia sin límites, con más de 47.000 muertos desde 2006, no se resuelve solamente con la legalización de los estupefacientes.
Se trata, dijo, de un tema más complejo de delincuencia organizada que abarca todos los ámbitos de la seguridad, ya que, por ejemplo, “el mercado de la cocaína en Estados Unidos representa desde hace décadas ganancias por 35.000 millones de dólares”.
Tampoco el mandatario salvadoreño, Mauricio Funes, cree que una despenalización de las drogas sea la solución, porque a su juicio puede crear “paraísos del consumo”.
Si bien la despenalización “manda una señal y golpea la estructura financiera de los carteles”, también “se crea un problema de índole moral”, agregó.
Para la presidenta costarricense, Laura Chinchilla, “la legalización se aborda con enorme simplismo por alguna gente, como si fuera una vacuna que va a curar toda la problemática alrededor del narcotráfico y no es así”.
Otro presidente centroamericano, Daniel Ortega, de Nicaragua, opina que la clave está en “controlar” el consumo.
Si se controlase, “automáticamente estaría desapareciendo el narcotráfico y al hacerlo lógicamente desaparece una fuente de financiación del crimen organizado porque éste se capitaliza y arma desde los EE.UU.”, subrayó en recientes declaraciones.
En una línea de pensamiento parecida, el presidente de México, Felipe Calderón, indicó que si los estadounidenses “están decididos y resignados a consumir drogas”, entonces que “busquen alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales o establezcan puntos de acceso claros distintos a la frontera con México”.
Entre los contrarios a la despenalización se encuentran también los presidentes Leonel Fernández, de República Dominicana, y Hugo Chávez, de Venezuela.
El boliviano Evo Morales no quiere que la cocaína sea legal, pero si que se despenalice el cultivo, la comercialización y el consumo de la hoja de coca para usos tradicionales en su país.
Desde Perú Ollanta Humala ha dicho que “los productores cocaleros no son el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, sino las primeras víctimas”.
La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, opinó que los países participantes en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Cartagena en abril, deben abordar el tema de las drogas y replantearse las estrategias que utilizan en la lucha contra los narcos, por lo que el debate, con seguridad, seguirá abierto.
EFE
