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Leticia Arana
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Guadalajara, Jalisco
Después de que durante sesión extraordinaria del Congreso Estatal, se aprobara la declaratoria de incorporación y posterior implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Jalisco, tras la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía y Procuraduría Social, respectivamente, quedó constituida la declaratoria del Sistema Procesal Penal Acusatorio, que precisa la aplicación de los juicios orales de forma escalonada o programada.
Para el caso de Puerto Vallarta, como cabecera de Cabo Corrientes, Tomatlán, San Sebastián del Oeste, y Mascota, estos serán una realidad, a partir del 15 de enero de 2015, afirma el diputado priista, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Héctor Pizano Ramos.
Detalla que en octubre de este año, tal y como se había anticipado, los primeros municipios en llevarlos a cabo, serán: Amacueca, Atemajac de Brizuela, Jilotlán de los Dolores, Gómez Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa, Tecalitlán, Tamazula de Gordiano, Techaluta de Montenegro, Tonila, Tuxpan, Zacaoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande, Pihuamo, Santa María del Oro, Quitupan, y Atoyac.
El resto de los municipios en la entidad, lo hará entre 2015 y 2016. Con esto, agrega, se declara incorporado al orden jurídico del Estado, el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En cuanto a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, afirma que quedará establecido dentro de la ley, el tipo de juzgados que deberán funcionar como parte del proceso penal adversarial, es decir, juzgados de control, orales, de ejecución de sentencias, y justicia para adolescentes. Respecto a la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, detalla que habrá atribuciones para representar y defender a los acusados en todas las etapas de los procedimientos penales.
Entre los principales beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se destaca que los Juicios serán orales y públicos; la protección de los derechos de las víctimas, testigos o inculpados; la reparación del daño, y, la homologación de los procesos penales en todo el país.
