AP.-Cuando numerosos efectivos de la Armada y agentes fiscales irrumpieron en ocho puertos deportivos en las costas mexicanas del Pacífico y el Caribe, los extranjeros que se encontraban en sus embarcaciones pensaron que se trataba de una gran operación antinarcóticos.

Sin embargo, estas personas, en su mayoría jubilados estadounidenses y canadienses, advirtieron al final que el objetivo de aquella gran movilización eran precisamente ellos, parejas que pasan sus años dorados navegando en botes modestos de unos 12 metros (40 pies) de eslora a través de puertos de clima cálido.

Después de inspeccionar más de 1.600 embarcaciones a finales de noviembre, la Secretaría de Hacienda anunció que había emprendido el embargo precautorio de 338 embarcaciones a las que acusaba de carecer de un permiso que cuesta el equivalente a 70 dólares.

Hacienda afirma que tiene cuatro meses para decidir si libera las embarcaciones o las vende en subasta.

Muchos propietarios de los botes aseguran que tenían el permiso pero que nunca se les pidió que lo presentaran. Otros dicen que errores numéricos menores en los trámites fueron utilizados como argumento para ejecutar el embargo provisional de las embarcaciones.

Algunos afirman que no se encontraban en sus botes durante el operativo, que nunca se les notificó de nada y que se enteraron del decomiso sólo por los gerentes de las marinas afectadas.

Esta acción corresponde a un nuevo esfuerzo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para incrementar los ingresos fiscales en un país con una de las peores tasas de recaudación entre las grandes economías del mundo.

La iniciativa ya ha provocado inconformidad entre los mexicanos por los nuevos impuestos a las ventas y al vender viviendas.

Pero pocas de las nuevas medidas fueron tan imprevistas o aplicadas con tanta dureza como lo que los dueños de las embarcaciones de placer dicen fue una operación muy fuerte en torno a un permiso menor, y señalaron que este proceder amenaza un sector turístico que México ha intentado impulsar desde hace mucho tiempo.

“Trajeron un numeroso contingente de elementos de la Armada, provistos con ametralladoras y otros equipos; ingresaron a la marina y todo mundo decía: ‘Vaya, vaya, aquí ocurre algo grande relacionado con el narcotráfico”’, afirmó Richard Spindler, cuyo catamarán Profligate fue decomisado cerca de Puerto Vallarta.

“Estas son sólo personas jubiladas de 50 o 60 años, gente apacible. Fue sumamente excesivo”, agregó.

El documento en cuestión, conocido como Permiso de Importación Temporal, puede obtenerse en un cibersitio del gobierno. Con él los portadores demuestran que son dueños de las embarcaciones y se comprometen a no dejarlas ni venderlas en México.

Muchos de los dueños afirman que no estaban en sus embarcaciones cuando llegaron las autoridades y les impusieron medidas fiscales que les impedían abandonar México. Dijeron que las autoridades no les indicaron cómo podrían resolver la situación.

Uno de los propietarios indicó que los gerentes de las marinas advirtieron que quienes intentaran marcharse serían perseguidos.

Esta persona, que solicitó el anonimato para hacer declaraciones por temor a sufrir represalias, dijo que las autoridades no entregaron avisos escritos de los embargos precautorios, y que se enteraron de lo ocurrido por los empleados de los puertos deportivos.

La Secretaría de Hacienda y su Servicio de Administración Tributaria fueron renuentes a especificar el tamaño, valor o nacionalidad de las embarcaciones embargadas y no respondieron a las numerosas solicitudes para que facilitaran detalles sobre lo ocurrido o sobre las quejas de los propietarios.

Debido a que las autoridades no colocaron avisos en los botes afectados ni tampoco los sujetaron con cadenas, algunos extranjeros en los puertos deportivos en los que Hacienda efectuó la inspección tienen la incertidumbre de si sus embarcaciones se encuentran en la lista de naves embargadas y temen que les sean confiscadas sin intentan irse incluso si pagaron el impuesto de 70 dólares.

“Mató al turismo náutico de manera más grave que el narcotráfico porque es la autoridad quien se está quedando con los yates”, dijo Enrique Fernández, miembro de la Asociación de Marinas de México.

Mark C. Johnson, un portavoz de la embajada de Estados Unidos en México, dijo en un correo electrónico que las autoridades estadounidenses sostienen conversaciones sobre el asunto con el gobierno mexicano.

El departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá dijo que tiene conocimiento de tres canadienses cuyas embarcaciones fueron embargadas precautoriamente.