AP.-Tres comisiones del Senado comenzaron el domingo el análisis de una ambiciosa reforma energética que busca cambiar el rostro de la industria petrolera de México al plantear que la iniciativa privada pueda explorar y explotar crudo, algo prohibido en el país durante más de siete décadas.

En medio de la oposición de legisladores izquierdistas, que han prometido dar una batalla dentro y fuera del Congreso para intentar detener el avance de la iniciativa, legisladores oficialistas y conservadores defendieron la propuesta bajo el argumento de que sin cambios profundos al marco constitucional será imposible fortalecer el sector energético de México, la segunda economía de Latinoamérica.

La reforma, analizada en principio por esas comisiones del Senado antes de ser enviada al pleno, permitiría al gobierno conceder contratos para exploración y extracción de petróleo y gas natural a empresas nacionales y extranjeras, como las gigantes trasnacionales Exxon y Chevron, algo que se ha mantenido prohibido desde la primera mitad del siglo XX.

Impulsada por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN), la iniciativa propone reformar tres artículos de la Constitución para permitir, entre otras cosas, conceder licencias de exploración y explotación de hidrocarburos, además de que abre la posibilidad de otorgar a empresas contratos de utilidad y también producción compartida.

Desde que en 1938 fue nacionalizada la industria petrolera —que para muchos mexicanos es un símbolo de soberanía_, la exploración y producción de crudo ha estado en manos exclusivas de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual en la propuesta de reforma se plantea que sea un competidor con ciertas preferencias, como por ejemplo ser la primera en elegir los campos en que participará.

“No es opcional esta reforma constitucional… es imperativa”, dijo el senador Raúl Gracia, del PAN, quien señaló que a la par de que la producción de crudo ha ido a la baja, la capacidad técnica y económica de Pemex es insuficiente para extraer los hidrocarburos necesarios.

David Penchyna, del PRI y presidente de la comisión de Energía de la cámara alta, aseguró que el petróleo y todos los hidrocarburos se mantendrán como “propiedad” de los mexicanos, en una referencia a las posiciones de la izquierda de que el plan busca privatizar la industria.

“Lo que es innegable, lo que es rotundamente contundente es que lo que seguirá siendo de los mexicanos es la propiedad sobre sus recursos energéticos”, dijo Penchyna, uno de los principales negociadores del PRI en la elaboración de la reforma energética.

Dolores Padierna, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que lo que se busca es privatizar la industria petrolera para beneficiar a empresas extranjeras, en particular de Estados Unidos.

“Ningún esquema de privatización es aceptable y rechazamos de forma tajante y definitiva ésta mal llamada reforma energética”, señaló la legisladora.

Para la izquierda, en México las privatizaciones no se han traducido en mejoras para la población y considera que no es necesario modificar la Constitución, sino sólo leyes secundarias que fortalezcan a la estatal Pemex y le permitan ampliar su capacidad de inversión.

La propuesta de reforma va más allá de la presentada originalmente por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto, que sólo incluía acuerdos para compartir utilidades, pero no producción. Tampoco planteaba otorgar licencias.

La producción de crudo en México tuvo en 2004 su mayor pico con la obtención de unos 3,4 millones de barriles diarios en promedio. A partir de 2005 comenzó a declinar, y actualmente se ubica en unos 2,5 millones de barriles al día.

Los izquierdistas sostuvieron durante el primer día de debate que las figuras de contratos y licencias son una forma de esconder un intento de privatización, al querer permitir la entrada de capital privado a toda la cadena de producción que hasta hoy está sólo en manos de Pemex.

“Privatizar es transferir una empresa o una actividad pública al sector privado, así de claro, vayan al diccionario”, dijo el senador Zoé Robledo, del PRD.

La sesión de análisis se tornó en una jornada de afirmación y refutaciones de uno y otro lado.

El proyecto “nos permite garantizar la inyección de recursos y tecnología, reafirmando… la propiedad nacional sobre los hidrocarburos”, aseguró Francisco Domínguez, senador del PAN.

Para Mario Delgado del PRD, sin embargo, los promotores sólo repiten mentiras como que el petróleo será propiedad de los mexicanos.

“Ya no va a ser de los mexicanos, porque se permite que se registre el petróleo como parte de los activos de las empresas extranjeras y además se permite contratar ahora con licencias que se van a pagar con petróleo”, dijo el izquierdista.

Las comisiones del Senado tienen previsto discutir el proyecto al menos el domingo y el lunes antes de someterlo a votación y pasarlo al pleno, donde los oficialistas y conservadores pueden obtener —con el apoyo de partidos minoritarios— las dos terceras partes necesarias para aprobarlo.

El debate ocurre mientras las instalaciones de la cámara alta se encuentran rodeadas de vallas metálicas y cientos de policías ante protestas de seguidores de la izquierda que a diario han llegado hasta la zona para manifestar su oposición.