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Cincuenta argentinas exigen a los profesionales que les implantaron las cuestionadas prótesis mamarias PIP su remoción y reemplazo por otras de diferente marca que no entrañen daños a la salud.
Las integrantes de la Agrupación de Afectadas PIP iniciaron acciones legales para que las clínicas y centros estéticos donde aumentaron su busto se hagan cargo del “costo económico” del reemplazo de las siliconas por otras de buena calidad, informó el martes a AP su titular, Virginia Luna.
Las mujeres que se consideran damnificadas fueron operadas entre 2007 y 2009. Un año después las autoridades argentinas prohibieron la importación y comercialización de las prótesis producidas por la desaparecida compañía francesa Poly Implant Prothese (PIP) al comprobar que pueden desgarrarse y derramar un gel de tipo industrial potencialmente dañino para la salud.
Cinco mujeres a las que representa Luna acordaron de forma extrajudicial con las clínicas donde fueron operadas la cobertura económica de la adquisición de nuevas siliconas y la cirugía para implantarlas, lo que asciende a unos 15.000 pesos (unos 3.500 dólares).
“Creemos que lograremos algunos arreglos más en febrero (en enero hay receso judicial). Si las mediaciones judiciales para arreglar no prosperan interpondremos demandas judiciales”, señaló Luna, quien también lleva siliconas PIP.
“En mi caso están sanas. Hago controles periódicos, pero tengo miedo”, afirmó la abogada, que se operó en 2007 con la promesa por parte del médico de que las prótesis PIP “eran las mejores del mundo y duraban de por vida”. Ahora dice enfrentar un “peligro” por la posibilidad de sufrir daños en un futuro.
En Francia el gobierno recomendó días atrás a las 30.000 mujeres que llevan prótesis PIP que se las extirpen en procedimientos que pagará el Ejecutivo, luego de que se reportasen más de 1.000 incidentes de rupturas. En caso de que las siliconas se hayan puesto a raíz de un caso de cáncer, también se cubrirá el remplazo de las mismas.
Se desconoce cuántas mujeres han recibido implantes PIP en Argentina –uno de los países sudamericanos donde se efectúan más operaciones para realzar el busto junto con Brasil– aunque serían varios miles. Luna dijo que según cifras de las autoridades sanitarias unas 13.500 de esas prótesis ingresaron desde 2007 hasta abril de 2010, cuando se prohibió su importación.
La abogada señaló que los centros médicos se muestran dispuestos a colaborar con las pacientes únicamente cuando éstas han sufrido la rotura de una prótesis. “Donde no hay rotura dicen que no hay daño. Pero sí lo hay, es psicológico”, señaló Luna.
En ocasiones esos centros están dispuestos a correr con los costos de la remoción de las siliconas pero no a colocar unas nuevas.
Las quejas más frecuentes de las integrantes de la Agrupación de Afectadas PIP son roturas o fisuras, dolor persistente y prótesis que se dan vuelta.
La abogada indicó que el derecho ampara a estas mujeres que son consumidoras y han pagado las operaciones. Existe una “responsabilidad de todos los que intervinieron en la cadena de consumo”, dijo en referencia a que no descarta que las acciones legales alcancen en un futuro a los organismos del Estado.
En tanto, distintos legisladores han pedido en los últimos días que el Estado cubra los costos de intervención a las mujeres que quieran sacarse los implantes PIP.
“Sería una buena medida que desde el Estado se abra un consultorio en alguno de los hospitales públicos de la ciudad para atender a las mujeres que tienen estos implantes, analizar cada caso y luego poder realizar las extracciones de las siliconas sin ningún costo… En la Argentina unas 28.000 mujeres se colocan implantes mamarios cada año”, dijo el diputado capitalino Daniel Amoroso en un comunicado.
Recientemente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó a las mujeres con prótesis mamarias PIP que consulten con sus médicos y que se realicen controles periódicos.
La ANMAT pidió a los médicos notificar a las autoridades todos los incidentes que se detecten en dichos controles.
AP
