Por Hugo Lynn Almada
Fue un cubetazo de agua fría. Cuando la sesión se tornaba álgida se apreció el notificador del juzgado para hacerle saber al síndico que el reglamento orgánico municipal quedaba, por lo pronto, suspendido.
Archi leyó el cuerpo de lo notificado. Enfrente los regidores del Movimiento Ciudadano estaban atónitos. No supieron que responder ni que decir. Como es habitual Ramón Guerrero les ordenó suspender la sesión, para replegarse y actuar en estricto apego a lo que decía la reglamentación anterior. No por gusto, sino porque no le queda de otra.
Y es que el problema es mayúsculo. A partir de la notificación queda sin efecto el nombramiento del Secretario General y se le suspenden al alcalde las atribuciones que se había auto asignado para ser la persona que nombrara al tesorero.
Oooootro golpe más que pudo haberse evitado. Pero decidió actuar como dictador en un Estado en el que un reglamento no puede estar por encima de una Ley. En este tema no aplica la autonomía municipal porque al asumir el cargo se jura cumplir y hacer cumplir la Ley.
Políticamente es otro descalabro para Mochilas. Otra vez tendrá que decirle a su patrón Ramírez Acuña que le falló. En un mes los tres funcionarios que el exgobernador impuso se han ido o deberán irse. Primero fue el tesorero, quien se fue sin decir ni adiós. Luego el jefe de la Policía, al que obligaron a decir adiós a punta de granadazos y con esto, el Secretario General que está en plena usurpación de funciones, por lo que debió de haber dejado en el momento la oficina y reintegrado los salarios y emolumentos cobrados al erario, sin mencionar que todos aquellos actos que hubieran sido calificados con su firma son, de origen, inválidos.
Aquí habría que mencionar, por ejemplo, el caso de los permisos para venta de alcohol que fueron suspendidos.
A analizar está el caso de Iris Ulloa que despacha en una dependencia que le obligaba a contar con título profesional, y que se sepa, el único título que ostenta es el de estilista otorgado por una populosa academia de El Pitillal.
Que quede claro. El juicio para anular el reglamento orgánico aprobado mañosamente por Guerero y sus regidores continúa, y podría llevarse muchos meses su resolución. Así qué ahora el Secretario General deberá ser un abogado y el tesorero deberá de ser nombrado por el Ayuntamiento en pleno. Así está el nivel de la gravedad de las malas decisiones de Guerrero Martínez.
MANCHÓN PENAL
Queda desnudado el trabajo del alcalde, sus regidores y asesores. De verdad están para dar pena.