AP.-Una joven mexicana acusada de matar a su presunto violador salió el miércoles bajo fianza de una cárcel de Ciudad de México en la que permaneció cerca de tres meses, en un caso en el que varias ONG denuncian una vulneración del debido proceso.

Tras semanas de presión de varias organizaciones civiles y su familia a través de las redes sociales y después de que se lograra reunir los 32.000 dólares de su fianza, Yakiri Rubí, de 20 años, salió por la noche de la cárcel de mujeres de Tepepan, en el sur capitalino, donde fue arropada por decenas de personas.

“Estoy muy contenta de salir, muy feliz”, dijo Yakiri a través de un megáfono y al lado de sus padres, confesando, sin embargo, que tenía miedo de las eventuales represalias de uno de sus presuntos agresores.

El pasado 9 de diciembre, la joven paseaba por una céntrica zona de la Ciudad de México cuando fue asaltada por dos hombres, trasladada a un hotel y violada, según su defensa.

De acuerdo con esta versión, uno de los agresores amenazó con un cuchillo a Yakiri que, en su afán por defenderse y neutralizarlo, le hirió en el cuello, provocándole su muerte.

La joven abandonó ensangrentada el hotel y fue a una comisaría de la policía para denunciar el caso, donde apareció el otro agresor y hermano del fallecido y la acusó del asesinato, añade su defensa.

Dos días después, el 11 de diciembre, Yakiri fue encarcelada, acusada de homicidio calificado.

Coincidiendo con la fuerte presión social, un juez penal recalificó su delito y lo derivó a un juez de delitos no graves, que el miércoles ordenó su libertad bajo una fianza de 423.800 pesos (unos 32.000 dólares) mientras sigue su proceso por un caso de “homicidio por exceso de legítima defensa”.

Su abogada, Ana Katiria Suárez, celebró su salida de prisión, pero dijo a los medios locales que el objetivo es que el juicio acabe en una sentencia absolutoria, argumentando que se trata de un caso de legítima defensa.

Distintas ONG han denunciado irregularidades en este proceso, que levantó gran revuelo en las redes sociales, como no seguir los protocolos de una denuncia de violencia de género y con deficiencias notables en los peritajes.