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Carolina Gómez Aguiñaga
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Puerto Vallarta, Jalisco
De concretarse el aumento a la tarifa del transporte público sería un “gravísimo precedente” el que se ejecuten resoluciones sin respetar las instancias, lo cual rompe el sistema judicial y el estado de derecho, opinó el presidente de la asociación civil Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona, quien señaló que hoy presentó un amparo directo contra la resolución del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE).
“Hoy presente amparo directo contra la resolución de fecha 26 de Marzo/2012, notificada el 27 de marzo/2012, según Expediente 141/2013 que determinó desechar admisión de demanda y suspensión otorgada el 18 de Septiembre de 2012 por la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE JALISO) en el Juicio de Nulidad 395/2012 contra el aumento de tarifa del transporte público masivo de pasajeros en zonas urbanas y contra el decreto
legislativo que modificó la Comisión de Tarifas. Se presentó en tiempo y forma, ante la autoridad emisora de la resolución impugnada, en este caso el pleno del TAE Jalisco cuyo presidente está obligado a admitir de inmediato, otorgar la suspensión provisional solicitada y remitir para su desahogo en forma urgente al Tribunal Colegiado de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le toque por turno, se reitera que la resolución impugnada está suspendida legalmente su ejecución por estar sujeta aún a un recurso que la puede legalmente modificar o desechar”, precisó.
Consideró que en un sistema judicial “triinstancial” como el mexicano, es una ilegalidad grave que el TAE autorice y exhorte al Gobierno de Jalisco a través de la Secretaria de Movilidad, a efecto que ejecute la sentencia que aún no causa estado, y por ende, no está firme, al estar pendiente un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“TAE Jalisco, la Secretaría de Movilidad y el Secretario Mauricio Gudiño están incurriendo en ilícito, en grave responsabilidad, al estar rompiendo el estado de derecho, ejecutando resoluciones de segunda instancia sin respeto a la tercera instancia, en este caso el amparo directo ante la SCJN. Se presentarán acciones legales ante ello, las que son de orden penal, administrativo y político (denuncia penal ante la PGR, Fiscalía General del Estado, queja ante el pleno del TAE Jalisco, queja ante la SCJN, queja ante las comisiones de Derechos Humanos y juicio político contra magistrado y secretario)”.
“De permitirse el hecho, sería gravísimo precedente, que en Jalisco se puedan ya ejecutar impunemente las resoluciones de segunda instancia sin respetar la tercera instancia, rompiendo el sistema judicial y el estado de derecho”.
