Leticia Arana
Sin demeritar el derecho en nuestro país, a la libre manifestación y protesta sobre determinada causa, no debe justificarse o aceptarse, el daño deliberado a inmuebles institucionales, ya sea religiosos o públicos, afirma, mediante comunicado, el Arzobispado de Guadalajara, al deplorar y reprochar, las pintas realizadas por marchistas, durante este pasado 8 de marzo, para conmemorar el día internacional de la Mujer:
“…Lo que no tienen derecho- ninguna ley lo avala- es dañar, como consecuencia de lo anterior, a personas, negocios, instituciones o edificios, como de hecho lo hicieron de manera injusta y desproporcionada en la demanda de sus reclamos. La catedral de Guadalajara, símbolo de religiosidad, fue vandalizada como no había sucedido en otras ocasiones…”
Detalla que este recinto católico, emblema y patrimonio cultural, fue gravemente dañado en su perímetro exterior, donde se plasmaron leyendas irrespetuosas, denigrando la aparente buena intención, al exigir respuesta a demandas históricamente no resueltas, por las autoridades, no obstante, exista normatividad y propuestas de ley, incluso ya reformadas.
Admite que aunque han registrado actos vandálicos, esta vez, resultaron excesivos y con saña, situación que se desbordó por insuficientes medidas de prevención, previamente solicitadas al gobierno estatal, dejando ver permisividad para tolerar estos acontecimientos, tras colocar únicamente vallas, sin presencia de personal de seguridad, de ahí la necesidad de poner un alto y aplicar la ley correspondiente, pues lo sucedido, superó el derecho a una razonable manifestación pública.